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LITERATURA Y POLÍTICA DOMINICANA
 

EL NUEVO CONTRATO SOCIAL

MAX PUIG

SECRETARIO DE ESTADO DEL MEDIO AMBIENTE

 

 

 

Max Puig

MAX PUIG

 


 

Max Puig

El nuevo contrato social


A finales de los años sesenta leí un ensayo titulado: “Por qué Salvador Allende no puede ganar las elecciones”. Según su autor, la estructura de propiedad de los medios de comunicación determinaba un control tal de las conciencias en Chile que ello aseguraba la derrota del candidato socialista. A pesar de la coherencia del análisis, la historia se escribió de otra manera: Allende fue electo Presidente.

Treinta y tantos años después, en un contexto muy distinto, otro candidato de izquierda hace su cuarto intento de acceder a la presidencia por la vía electoral. Todo indica que Luiz Ignacio Lula da Silva está muy cerca de lograr su objetivo. Las últimas encuestas indican que podría inclusive ganar la elección en la primera vuelta.

Sus posibilidades se han visto acrecentadas por una serie de factores. La frustración del pueblo brasileño, la división de las fuerzas conservadoras, el arraigo del Partido de los Trabajadores, el buen desempeño de este partido en la administración local, un programa y una política de alianzas adecuados y una campaña electoral bien llevada acercan a Lula al palacio de Planalto.

Brasil es la novena economía del mundo, pero su sociedad se caracteriza por profundas desigualdades. Recientemente la liberalización económica ha conllevado la privatización de las empresas estatales de mejor desempeño. La apertura indiscriminada del mercado interno ha desplazado a millones de campesinos y socavado la industria. Las medidas de desregulación han propiciado la devastación de la selva amazónica. El endeudamiento externo ha crecido en proporciones inéditas. No obstante, la tasa de crecimiento en los años 90 fue la más baja del siglo XX y el ingreso per cápita ha disminuido en cinco de los últimos seis años. En 1995 Brasil gastaba el 20.3% de sus ingresos fiscales en educación, reduciéndose este porcentaje a un 8.9% en el 2000. En 1995 el país destinaba el 24.9% de sus recaudaciones al pago de la deuda pública; esta proporción aumentó a un 55.1% en el 2000. El 2002 ha sido el año del desplome financiero del modelo económico brasileño. Un préstamo del FMI de 30 mil millones de dólares ha contenido momentáneamente la crisis. El real se ha devaluado en más de un 40% desde enero. Se pronostica un crecimiento entre 0 y 1 por ciento para el 2002.

En medio de la frustración creciente de la población, los partidos que han gobernado Brasil la última década acusan profundas divisiones. A las diferencias en el campo conservador se opone la unidad del Partido de los Trabajadores, el cual debe su fortaleza, en gran medida, a su condición de partido democrático de izquierda. Lo que comenzó en 1981 como una conjugación de dirigentes sindicales, intelectuales progresistas, activistas sociales, líderes religiosos y de movimientos sociales y populares se ha convertido en el partido político más grande y mejor organizado del continente.

Este partido, que representa una nueva izquierda democrática y no dogmática, ha jugado un papel decisivo en la democratización del Brasil. A través del Foro de Sao Paulo y de su respaldo al Foro Social Mundial ha contribuido también a la articulación de los partidos y fuerzas sociales progresistas de América Latina y del mundo. Por otro lado, el PT ha ofrecido sobradas pruebas de eficiencia a nivel de los gobiernos locales. En la actualidad dirige alrededor de 50 millones de brasileños al administrar de manera dinámica cinco estados de la federación, siete capitales estaduales y gran parte de las ciudades de más de 200 mil habitantes, aplicando políticas de amplio contenido democrático como los presupuestos participativos.

El programa de Lula es ambicioso y realista. En su “Carta al Pueblo Brasileño” plantea la necesidad de “una transición lúcida”, argumentando que “lo que se hizo o se dejó de hacer en ocho años no se puede compensar en ocho días”. El nuevo modelo “será el fruto de una amplia negociación nacional, que debe conducir a una auténtica alianza por el país, a un nuevo contrato social, capaz de asegurar el crecimiento con estabilidad”.

En el centro de su programa de gobierno está lo social: enfrentar la miseria y el hambre que afectan a más de 50 millones de brasileños, a fin de convertirlos en verdaderos ciudadanos. Para ello es necesario impulsar el crecimiento de la economía y del empleo, asegurar la redistribución del ingreso, mantener la estabilidad macroeconómica y controlar la inflación.

Para Lula todo esto significa retomar un proyecto de nación: el Brasil necesita un presidente de la República con el suficiente liderazgo político y capacidad de negociación para lograr el nuevo contrato social propuesto. A su juicio, las alianzas políticas son fundamentales, invitando a todas las fuerzas opuestas a las políticas neoliberales a establecer un gran pacto. La campaña petista es moderna. Rechaza las denuncias sin fundamento, está basada en propuestas y tiene como propósito elevar la conciencia política del pueblo brasileño. El esperado triunfo de Lula significaría un cambio histórico, con hondas repercusiones en toda América Latina y en la geopolítica mundial.

MAX PUIG


Max Puig junto al Presidente Leonel Fernandez Reyna

JUNTO AL PRESIDENTE DOMINICANO DR. LEONEL FERNÁNDEZ REYNA

Discurso de Max Puig, presidente de la Alianza por la Democracia (APD), en la clausura del congreso de esa organización política "Un abrazo por la democracia", el 8 de junio de 2003, en Santo Domingo.

 
Con el acto público que estamos realizando la Alianza por la Democracia concluye su Congreso. Se cierra un proceso de elaboración y discusión, de construcción y desarrollo, que le ha permitido a los y las integrantes de la APD hacer un balance del camino recorrido, revisar críticamente sus postulados, líneas estratégicas y modelo de organización, así como renovar las estructuras de dirección de la organización.

Las conclusiones a las que hemos llegado en el Congreso APD 2002/03 son claras y precisas. Somos una alianza del pueblo dominicano a partir de determinados valores y principios. Una alianza de gente que quiere entender su pasado, ver con claridad su presente y entrar al futuro con determinación y confianza. Una alianza de dominicanos y dominicanas que quieren ayudar a cambiar el país. Una alianza coherente, donde no hay contradicción entre lo que se hace y lo que se dice, entre lo que se predica y lo que se practica. Una alianza responsable, que da la cara y marcha de frente, independientemente de las dificultades que tenga por delante. Una alianza que actúa con lealtad y cumple sus compromisos. Una alianza que defiende y practica un ejercicio ético de la política. Una alianza cuyos representantes en las funciones públicas que les ha tocado desempeñar, como es el caso de los regidores y regidoras de la APD en la actualidad, son ejemplo de probidad, decencia, capacidad y dedicación a la colectividad.

Esa es la Alianza que ha salido fortalecida del Congreso que acabamos de concluir. Considero que, por tal razón, todos los delegados y delegadas al Congreso y, en sentido general, todos los y las integrantes de la APD debemos felicitarnos unos a otros por el trabajo que hemos realizado durante estos últimos meses y que debe contribuir a hacer de esta organización una fuerza decisiva en el escenario político dominicano. Como forma de felicitarnos, les pido a todos y a todas que nos demos, nosotros mismos, un gran aplauso que se sienta hasta en el Malecón.

En un debate abierto, libre y democrático, en el que ha primado el mayor respeto por todos los y las participantes, hemos discutido y aprobado una serie de documentos de importancia. Hemos reafirmado nuestros valores y principios fundamentales. Hemos definido nuestra línea de articulación social, así como nuestra línea política nacional e internacional. Hemos establecido la línea de construcción partidaria que orientará nuestras decisiones y hemos revisado y puesto al día nuestros estatutos.

Elegimos también nuestra nueva Dirección Nacional, que el Congreso APD 2002/03 me pidió encabezar. Agradezco el honor, consciente de la responsabilidad colocada bajo mis hombros. Pero debo confesar también la emoción que me embarga a causa de algunas de las decisiones tomadas por el Congreso. Se decidió, en efecto, designar como presidente de honor de la APD al insigne ciudadano Abelardo Vicioso, poeta sensible como el que más, demócrata y patriota que ha pasado todas las pruebas. El honor es para la Alianza que un hombre de las condiciones cívicas y morales de don Abelardo acepte presidirla honoríficamente.

El Congreso decidió igualmente la creación de una vicepresidencia de la organización y designar para ocuparla a doña Brunilda Soñé. Luchadora de toda una vida, Brunilda Soñé se integró a la resistencia antitrujillista desde su más temprana juventud conociendo la cárcel y el exilio. Su esposo, José Arismendy Patiño, ofrendó su vida en Constanza, como parte de los expedicionarios de la Raza Inmortal. Décadas después, las canas de doña Brunilda no le han hecho decaer el espíritu. Nos sentimos reconfortados teniendo a una mujer de su estirpe Brunilda a nuestro lado.

Como parte de su renovación estructural la Alianza decidió también la creación de una secretaría general, recayendo esta responsabilidad en el doctor Carlos Sánchez, hombre recto y capaz, médico salubrista reconocido por su desempeño al frente de importantes e innovadores proyectos sociales auspiciados por la cooperación internacional. Con Carlos Sánchez se fortalece la visión gerencial que debe caracterizar a todo proyecto político moderno. Gracias, Carlos, por acompañarnos. Pero les doy las gracias del mismo modo, y felicito a la vez, a los nuevos integrantes de la Dirección Nacional de la APD. Estoy seguro del buen desempeño que van a tener, con el firme y decidido respaldo de toda la membresía de la Alianza.

Ahora bien, lo importante no es solamente lo que hemos hecho, sino cómo lo hemos hecho. El Congreso de la APD no ha sido una simple reunión de dos días, sino un proceso libre y democrático que se ha extendido durante meses. Han participado en él, en todo el país, no sólo los miembros de la Alianza sino también mucha otra gente con sus opiniones, comentarios, mensajes y sugerencias. Ha sido un congreso flexible y eficaz caracterizado, al mismo tiempo, por la horizontalidad en el manejo de las informaciones. Ha sido un espacio de diálogo y reflexión sobre los principales retos que se le plantean a la República Dominicana en el inicio del siglo XXI.

Algunos se preguntarán, ¿por qué, en medio de una situación de tantos apremios y dificultades, la gente de la Alianza por la Democracia ha dedicado gran parte de su tiempo y de su esfuerzo a analizar la realidad y a sacar conclusiones acerca de cómo encarar sus desafíos? Precisamente porque esos desafíos son de talla. En medio de una marcha dificultosa, hay que conocer lo mejor posible el terreno para poder determinar con acierto el camino a tomar. En una obra literaria muy conocida, "Alicia en el país de las maravillas", de Lewis Carroll, uno de los personajes le pregunta a otro cuál es el mejor camino. El interpelado respondió con otra pregunta, inquiriéndole al primero adónde quería ir. "No lo sé", fue la respuesta. "Entonces, le replica el segundo, no importa, toma cualquier sendero. Da igual, si no sabes adónde quieres llegar".

En la República Dominicana de hoy el camino está oscurecido y lleno de obstáculos y en la Alianza por la Democracia, para poder andar con paso seguro, estudiamos la realidad y nos esforzamos por repensar el país con una clara visión de futuro. El análisis nos permite ir trazando la ruta y enfilar nuestros pasos en la dirección correcta.

Esto es más necesario que nunca en tiempos de irreflexión y desvaríos, en los que alguna gente encumbrada pretende resolver su falta de ideas y criterios con autoritarismos trasnochados. La crisis es profunda y grave y no se resuelve con torpezas y bravuconadas. Nunca antes como ahora fue tan necesaria ser ponderados y equilibrados.

Los riesgos se sitúan tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. El mundo actual es un mundo de tensiones e incertidumbres. El ordenamiento internacional basado en reglas de derecho, en la Organización de las Naciones Unidas y en la cooperación multilateral surgido de la Segunda Guerra Mundial, fue quebrado por la guerra desatada por Estados Unidos contra Irak. En el mundo imperan la violencia, la desigualdad, y la pobreza, así como la imposición y el monopolio. La intolerancia y la exclusión siguen predominando. Todo esto en medio de un panorama en el que no se vislumbra la posibilidad de superar, en un plazo relativamente corto, las perspectivas de recesión en la economía global.

En el plano interno, la crisis ha asumido nuevos ribetes durante las últimas semanas. El mal gobierno, con sus políticas de endeudamiento descontrolado y de gasto irresponsable para favorecer partidarios, unidos al clientelismo y a la corrupción que les acompañan, han arrastrado la economía al borde del precipicio. También han conducido al destape de la profunda crisis moral que corroe nuestra sociedad. El deterioro de las condiciones materiales de vida de la mayor parte de la población, unida a un manejo torpe, poco transparente y escasamente institucional de la crisis relacionada con el caso BANINTER, podría desembocar en una crisis político-institucional de proporciones imprevistas.

No todo se ha dicho sobre el caso BANINTER. Quedan muchos documentos y hechos fundamentales ocultos en la sombra, escondidos por las propias autoridades. No obstante, hay cuestiones que están fuera de toda discusión. La primera de ellas es que el país se encuentra en un atolladero. Todo indica que ha habido mal manejo privado y mal manejo público en el caso de la sonada quiebra bancaria. Las autoridades no cumplieron con su cometido, sobretodo a partir de septiembre pasado, propiciando salidas al caso no contempladas por la ley. Respuestas oficiales tardías y vacilantes, sumadas a declaraciones y medidas inadecuadas hicieron el resto.

Frente a esta situación, ¿cuál es la respuesta del gobierno? Según el gobernador del Banco Central, además de vender los activos de BANINTER, habrá que hacer una reforma fiscal, traspasar activos del Estado y lograr empréstitos externos a largo plazo, a diez o quince años. ¿Qué significan, en buen cristiano, las palabras del gobernador? Que se pretende obligar a toda la sociedad a pagar los platos que otros rompieron. Que el Estado se verá obligado a reducir aún más su limitado e ineficiente gasto social. Que se crearán más impuestos y se elevarán los existentes. Que el Estado dominicano será despojado de parte de su patrimonio. Y que se endeudará al país hasta las calendas griegas. Se pretende, en definitiva, que el pueblo tape un hoyo financiero que él no ayudó a cavar. Las medidas que está contemplando el gobierno se sumarían a lo que ya estamos sufriendo: al descalabro del peso, al estancamiento de muchos sectores productivos y a la quiebra en cadena de muchos establecimientos industriales y comerciales; todo esto además de una inflación que golpea sin piedad a toda la sociedad, pero de manera particular al pueblo pobre.

El presidente de la República cree que resolverá los problemas del país y logrará apoyo para sus pretensiones políticas poniéndose de rodillas ante Washington. Pero está equivocado. No es cierto que el gobierno de Estados Unidos esté dispuesto a conceder ventajas y a ofrecer soluciones gratuitas. Los recursos que pudieran ser puestos a disposición de la República Dominicana en las circunstancias actuales estarían condicionados por estrictas medidas de control de parte de los grandes organismos financieros internacionales. No es verdad tampoco que el problema se resolvería con la dolarización de la economía dominicana. Aparte de lo costosa e impráctica que resultaría esa opción en las condiciones actuales, ella representaría una pérdida de soberanía. Dicho de otro modo, conduciría a la anexión económica de la República Dominicana a Estados Unidos.

Pero lo más grave de todo no es el infortunio económico, sino la descomposición moral. Un desfile de funcionarios gubernamentales, algunos de ellos truculentos, han sido los protagonistas de una interminable serie de fraudes y escándalos, con ribetes a veces grotescos. Diputados traficantes de inmigrantes ilegales; ventas irregulares y a precio vil de bienes públicos; fraudes en programas de compensación social; aviones confiscados cargados de estupefacientes; tarjetas de crédito milagrosas; préstamos aventureros obtenidos a través de intermediarios de dudosa reputación y escasa solvencia; concesiones irregulares de obras públicas; compras de guaguas a sobreprecio; funcionarios públicos con prontuarios judiciales bien cargados; altos funcionarios al servicio de intereses privados; asistentes presidenciales muertos en ajustes de cuentas. Ha habido de todo. Sin embargo, con el último escándalo sale a flote lo que se sospechaba: que las complicidades se extienden mucho más allá de lo que se pensaba y que todo se sigue resolviendo al margen de la ley y con métodos reprobables.

La crisis ética le hace tanto o más daño a la sociedad que la crisis económica. Cuando la podredumbre corroe por dentro un edificio, este puede desplomarse el día menos pensado. Con todas sus consecuencias. No solamente se devalúa el peso. La palabra también pierde valor. La de muchos dirigentes políticos se sigue devaluando de manera acelerada. De ahí la crisis de confianza. A propósito de la palabra del presidente de la República, su reiterada promesa incumplida de no repostularse para la función que ocupa, no es un caso aislado. La generalidad de los acuerdos asumidos por el ciudadano presidente como parte de los diálogos de alto nivel en que ha participado se han perdido en el baúl de los recuerdos. El último en data es el Pacto por la Estabilidad y el Crecimiento Económico, suscrito por el gobierno con el empresariado en diciembre pasado. Según uno de los puntos más importantes de dicho pacto el gobierno se comprometió a someterse a una disciplina fiscal, restringiendo sus gastos. Sin embargo, de nada valió. En el primer trimestre de este año el gobierno volvió a incrementar el gasto corriente, como lo había venido haciendo desde el inicio de su gestión. No obstante, las posibilidades que ofrece el diálogo no deben ser nunca dejadas de lado. Por más incumplidor que sea un gobierno hay que seguirlo invitando a sentarse a la mesa de conversaciones, pedirle que explique sus planes, que rectifique sus políticas inadecuadas y honre sus compromisos.

El resultado de este desastre es que en la República Dominicana de nuestros días se habla por doquier, en todos los niveles sociales de angustia, incertidumbre, pesadumbre, desasosiego, desesperanza y desmoralización. No es para menos. Lo acontecido es para que decaigan los ánimos de los más sólidos y resistentes. Para colmo, en medio de este panorama el presidente de la República se empeña en imponerle su reelección a su partido primero, al resto de la sociedad después.

En realidad, más que servir a un proyecto nacional, a los actuales gobernantes lo que les preocupa es su agenda electoral. Usan los recursos del Estado con la pretensión de seguir detentando su control. De hecho, el presidente Mejía y su equipo de colaboradores más cercanos del Proyecto Presidencial Hipólito (PPH), han venido laborando para quedarse en el Palacio Nacional desde el mismo día que llegaron a él el 16 de agosto de 2000. Nadie debería sorprenderse, entonces, por los métodos que utilicen para cumplir con su objetivo.

Lo que se anuncia es lo que ha sucedido siempre en la República Dominicana y en los países de escaso desarrollo institucional: el uso ilícito de la fuerza y los recursos económicos que otorga el control del Estado a quienes lo detentan para aplastar a los demás en un franco ejercicio antidemocrático. Se conoce la receta, porque se la ha venido aplicando de manera sistemática: compra de legisladores para reformar la Constitución, intervención en los asuntos internos de otros partidos, coacción política y económica a los propios partidarios, madera y cemento para los más pobres, uso político del aparato judicial, maniobras en el conteo electoral y decisiones antojadizas de parte de la JCE.

A pesar de todo esto, no se piense que todo el panorama es desolador y que nos abate el pesimismo. No es cierto que el país esté perdido. Tampoco es verdad que todos estamos marcados por el deterioro ético y moral. En la Alianza por la Democracia proclamamos, defendemos y practicamos un ejercicio político limpio y decente. Si hay quienes tienen sus cuentas muy claras en este país somos nosotros. Podemos decirlo en voz alta y a la luz del sol. No hemos tocado un peso mal habido y somos gente de honor y de responsabilidad. A pesar del ambiente que nos rodea, vemos el futuro con optimismo armados de los valores y principios que hemos asumido y que nos dan la fuerza y la solidez necesarias para avanzar en la política y en la vida de todos los días.

Estamos convencidos de que a pesar de las debilidades y amenazas que afectan al país, la República Dominicana tiene fortalezas y oportunidades que le permiten salir airosa del grave momento por el que atraviesa. Pero para eso tenemos que trabajar. Sentirnos seguros de nosotros mismos. Elevar nuestra autoestima y convencernos de que podremos salir adelante en base a nuestro propio esfuerzo. En la Alianza por la Democracia tenemos una visión de futuro, creemos que el pueblo dominicano merece un mejor destino y que podrá alcanzarlo por sí mismo.

La sociedad dominicana está llamada a desterrar los viejos hábitos políticos que, durante décadas, han estado instalados en el clientelismo y en un populismo de corto vuelo más atento a los intereses de grupos minoritarios que a los intereses populares.

Creemos en el pluralismo. En la igualdad en la diversidad. Defendemos el respeto a las diferencias. Consideramos que una democracia no se construye sin ciudadanos y por eso nos oponemos a todas las medidas destinadas a cercenar las libertades públicas y los derechos democráticos.

Para la Alianza por la Democracia la ética y la transparencia son banderas de construcción política porque responden a valores profundos que compartimos. La APD enarbola y practica la honestidad. Levanta la responsabilidad frente a la generalización de la falta de respeto a los compromisos y la palabra empeñada, por la cual lamentablemente muchos dirigentes políticos sienten desprecio y burla. La APD procura la participación y la eficiencia y practica el diálogo y la tolerancia.

La APD reafirma su compromiso ético de lograr una sociedad más justa y más solidaria. No es ético seguir pidiéndole a las mayorías que sufren los rigores de la pobreza que aguanten más y más, mientras campea la corrupción y el enriquecimiento acelerado de unos cuantos.

Habiendo llegado a este punto de mi exposición quiero detenerme y ofrecer una explicación. Al llegar a este salón muchos de ustedes se habrán preguntado el por qué de la decoración, basada en espejos, y por qué recibieron todos y todas un pequeño espejo de recuerdo de este acto. Carlos Fuentes escribió que "la sociedad no puede engañarse a sí misma cuando se mira en el espejo de la verdad". Eso queremos, que nos miremos en el espejo de nuestras propias vidas y en el de la sociedad en que nos ha tocado vivir.
Que seamos sinceros y nos examinemos con atención. Y si el espejo parece empañado, limpiémoslo con esmero. Hagamos, entonces, un examen de conciencia sobre lo que somos, lo que hacemos y lo que pretendemos. Se lo pedimos a todos y a todas. Por regla general, queremos proyectar nuestra mejor imagen. Ojala podamos proyectar siempre una imagen real, que proyecte lo mejor de nosotros mismos. Para ello, tratemos sencillamente de ser mejores. Cuanto mejores seamos, mejor será la proyección. "La Alianza soy yo", dice el anuncio que preside esta reunión. La Alianza quiere ser un espejo que refleje la sociedad dominicana, proyectando una imagen de apertura, transparencia y optimismo. Estoy seguro de que lo lograremos, en función de nuestro aporte y nuestra dedicación.

El Congreso APD 2002/03 determinó que, para lograr sus objetivos, la Alianza por la Democracia desarrollará una línea política basada en tres ejes fundamentales, a ser cumplidos de manera concomitante: 1) Impulsar una política de acumulación de fuerzas que le permita consolidarse en términos cualitativos, cuantitativos y de influencia social, creando las condiciones para nuevos y decisivos pasos orientados hacia la transformación de la sociedad; 2) Impulsar una alianza o frente político-social progresista, y 3) Impulsar, al mismo tiempo, la articulación de una alianza amplia, fundada en la defensa del interés nacional y la democracia.

Hoy día, significativos sectores y grupos sociales son favorables a una política de transformaciones económicas y sociales, pero no han podido expresarse de manera coherente en términos políticos ni influir de manera decisiva en el devenir de la nación. La APD propiciará la articulación de estas fuerzas políticas y sociales en una alianza, coalición o frente o polo (poco importa cómo se le llame), en torno a un programa de transformaciones económicas, sociales y políticas de carácter progresista, que resuma las aspiraciones de cambio social latentes en la sociedad dominicana.

Para la APD esta alianza o frente debe tener un carácter progresista, flexible, participativo y horizontal y debe constituirse de manera paulatina, sin precipitaciones innecesarias, y con el mayor respeto a todos y cada uno de sus participantes.

Consideramos que en el programa de esta coalición deben ocupar un lugar destacado las transformaciones económicas, tarea compleja si se toma en cuenta que la economía nacional depende cada vez más de factores externos. En todo caso, los cambios en la economía imponen una inversión de las prioridades públicas: el empleo, mejores salarios, la seguridad social, la educación, la salud, la educación, la vivienda, el transporte, la cultura, los deportes y el sano entretenimiento, deben ser las prioridades de la nueva política económica. Para lograr este propósito será necesario impulsar un ambicioso proceso de desarrollo, cuyas condiciones de financiamiento deben ser definidas con precisión.

La APD considera también que en un programa progresista debe ocupar un lugar preeminente la ejecución de un amplio programa de educación que garantice la erradicación del analfabetismo, el acceso de todos los niños a la escuela y que, además de preparar fuerza de trabajo calificada, concentre sus esfuerzos en la construcción de ciudadanía.

La reforma tributaria debe exonerar la producción, eliminar los mecanismos de evasión fiscal, pero sobre todo servir como instrumento para la redistribución del ingreso y la riqueza. El conjunto de la economía debe ser estimulado a través de un sistema de crédito adecuado, que beneficie de manera particular a la pequeña y mediana empresa; también por medio de una política de redistribución del ingreso dirigida especialmente al sector rural, así como por una política industrial adecuada a las características y necesidades nacionales. El financiamiento del desarrollo exige una reforma del sistema financiero que deberá dirigirse de manera decisiva hacia el fomento de la producción. En pocas palabras, se debe estimular el crecimiento de la economía y la competitividad internacional de la República Dominicana.

La inversión extranjera debe ser asociada con el sector privado nacional a fin de estimular el sector productivo nacional, incrementar las innovaciones tecnológicas y, sobre todo, fortalecer las exportaciones. El respeto al medio ambiente debe estar en el centro del modelo de crecimiento que propiciemos.

Para la APD la construcción de la democracia política corre pareja con la profundización de la democracia económica y social. El desarrollo de la institucionalidad democrática en la República Dominicana tiene, para nosotros, tres prioridades básicas: 1) asegurar garantías más completas y efectivas al ejercicio de los derechos humanos y ciudadanos; 2) la reforma de las instituciones, siendo su principal instrumento una reforma constitucional democrática realizada por la vía de una asamblea constituyente elegida mediante el voto directo, y 3) lograr el control democrático del Estado por la sociedad, mediante la extensión de la participación, los presupuestos participativos y la democratización de las políticas públicas.

La APD considera que para llevar adelante el proceso de reformas económicas y sociales se requiere un Estado fuerte, democrático y descentralizado. Compete a un Estado democrático aplicar políticas transparentes y socialmente controladas de estímulo a sectores económicos, siempre y cuando se respeten el interés nacional, el medio ambiente, los empleos y los ingresos de los trabajadores.

La formulación de un programa político, máxime si se trata de un programa de cambios sociales, es un proceso en el que intervienen al mismo tiempo una elaboración intelectual y una construcción social. Por tal razón, la APD propicia una elaboración plural, flexible, tolerante y paciente con las fuerzas sociales y políticas motivadas por la construcción de una economía más justa, sustentable y solidaria, la construcción de ciudadanía, la creación de nuevos derechos, el fortalecimiento de la sociedad civil, el mejoramiento de las condiciones de vida de la población y la consolidación del rol de la República Dominicana en el ámbito internacional.

Mientras propiciamos la construcción de ese polo, coalición, alianza o frente progresista, no perdemos de vista que el gobierno de Hipólito Mejía le está haciendo mucho daño a la República Dominicana y a su gente con las políticas que aplica. El endeudamiento creciente hipoteca el futuro de la nación, pero el presente de los dominicanos también se ve afectado con la inflación, las pérdidas de empleo y el deterioro del nivel de vida en sentido general.

Con la pretensión de Hipólito Mejía quedarse en el gobierno por la vía de la reelección, se anuncia un mayor deterioro del que ya está viviendo el país. Pero también se vislumbran serias amenazas para las libertades públicas y los derechos democráticos, considerando que la facción en el poder hará todo cuanto esté a su alcance para permanecer en él.

Para hacerle frente a estos retos se requerirá de los mayores sacrificios y desprendimientos de todos los sectores y grupos sociales. En su momento, las circunstancias podrían demandar la constitución de una coalición o alianza extensa que tenga como objetivo principal enfrentar un continuismo que puede terminar arruinando y entregando la economía nacional. Tendría como objetivo, igualmente, la preservación de las libertades públicas y los derechos democráticos.

El desarrollo de un verdadero Estado de Derecho, la adopción de medidas económicas básicas en defensa del interés nacional, así como la adopción de medidas sociales destinadas a preservar y mejorar los niveles de vida de la población, y en especial los de los sectores menos favorecidos, serían los puntos básicos sobre los que podría asentarse esa alianza o coalición política de amplio espectro.

El programa mínimo en que sustentaría un acuerdo político de estas características tendría tres vertientes: nacional, social y democrática. Para la APD estas tres dimensiones están necesariamente conectadas: de ahí la importancia de articular la lucha democrático-institucional con la lucha social y la defensa del interés nacional.

Sin embargo, es temprano todavía para adelantar decisiones. La evolución de la coyuntura política en los próximos meses determinará las posiciones tácticas concretas que habrá de asumir la APD en el proceso electoral de mayo de 2004.

El Congreso APD 2002/03 determinó que la nueva Dirección Nacional de la Alianza deberá convocar, en breve plazo, una Conferencia Nacional Electoral de la APD, con el encargo de estudiar en detalle las condiciones en que tenderán a desarrollarse los comicios del año próximo a definir una política electoral y de alianzas.

Para poder aplicar la línea política nacional e internacional establecida en el presente documento los integrantes de la APD estamos obligados a desarrollar una política de brazos abiertos, invitando a compartir nuestra tarea colectiva a todos los dominicanos sensibles y de buena voluntad.

Para abrir nuestros brazos debemos abrir primero nuestras mentes y nuestros corazones. La construcción de la nueva República Dominicana no puede ser, bajo ningún concepto, tarea de unos pocos. Tampoco podemos dejarla para mañana.

Esa construcción debe ser el resultado del compromiso y la esperanza del mayor número de dominicanos y dominicanas. Sólo así podremos hacer realidad el sueño de vivir en una sociedad fundada en los valores de la justicia, la equidad, la solidaridad, la democracia y la libertad.


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Es editada todos los sábados
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MAX PUIG
 

Sociólogo de profesión, Maximiliano Puig Miller ha sido senador de la República por la Provincia de Puerto Plata, ex secretario de Estado y Ordenador de Lomé IV.
Catedrático de larga trayectoria, es fundador del Centro de Investigación y Promoción Social (CIPROS). Puig es presidente del Partido Alianza por la Democracia (APD), uno de los partidos que apoyó la candidatura del partido de gobierno.

 

SANTO DOMINGO. La República Dominicana ha perdido una proporción considerable de sus manglares costeros, y sus arrecifes están llenos de sedimentos procedente de las tierras interiores desforestadas.
Así lo informó el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Max Puig, quien destacó que los arrecifes de corales del país están amenazados también por la polución orgánica, el petróleo y otros residuos industriales.
Dijo que en ese sentido la situación es crítica para la República Dominicana, por lo cual se establecerán medidas tendentes a preservar lo poco que queda.
Señaló que la Ley 202-04 deja abierta la posibilidad de que sean afectadas las últimas grandes barreras coralinas en el país, particularmente las de la región Este. ‘‘Las autoridades tenemos la responsabilidad de que no pase con esas últimas barreras lo que ha pasado con las demás”, dijo.
Detalló que tiene conocimiento de que en algunas zonas del país algunos inversionistas poco prudentes, han hecho saltar barreras coralinas enteras con dinamita, con lo cual han terminado de destruir las playas de sus propios hoteles.

Destrucción

‘‘No se han dado cuenta de que con su acción están afilando cuchillo para sus gargantas, y nosotros contamos con un equipo de científicos y técnicos para señalar justamente qué se debe y qué no se debe hacer”, declaró. Agregó que cada vez que se destruye un arrecife coralino, en esa misma medida se dilapidan las riquezas de la República Dominicana. Max Puig leyó un breve informe en el que asegura que las condiciones que hacen posible la vida en el mar están siendo destruidas. Dijo que aunque existen técnicas para la reconstrucción de esos recursos, cuestan al Estado una alta suma de dinero. ‘‘Esto toma tiempo y aún dando los pasos de lugar, no se obtienen los mismos resultados, porque no es posible reconstruir en poco tiempo lo que a la naturaleza le ha costado siglos”, dijo. El funcionario emitió sus declaraciones en un seminario taller que contó con la presencia del subdirector de la JICA, Norio Yonezaki.
La subsecretaria de recursos costeros y marinos, Ydalia Acevedo, destacó que el seminario fue dirigido al personal técnico, con el objetivo de adiestrarlos en el manejo de datos pesqueros y estadísticos.
Max Puig dijo que Japón siempre le ha prestado al país una cooperación rigurosa y eficiente y en el área de los recursos pesqueros y la técnica de pesca ha sido vital su cooperación.
Agregó que las actividades de la Secretaría están orientadas hacia la preservación, porque la destrucción de las barreras coralinas no solo destruye las playas, sino las posibilidades de que mantenga la pesca, dado a que limita la población de peces.
 



 

 

 

 

 

 

 

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