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LITERATURA Y POLÍTICA
DOMINICANA |
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EL NUEVO CONTRATO
SOCIAL
MAX PUIG
SECRETARIO DE ESTADO DEL MEDIO AMBIENTE
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MAX PUIG |
Max Puig
El nuevo contrato social
A finales de los
años sesenta leí un ensayo titulado: “Por qué Salvador
Allende no puede ganar las elecciones”. Según su autor,
la estructura de propiedad de los medios de comunicación
determinaba un control tal de las conciencias en Chile
que ello aseguraba la derrota del candidato socialista.
A pesar de la coherencia del análisis, la historia se
escribió de otra manera: Allende fue electo Presidente.
Treinta y tantos años después, en un contexto muy
distinto, otro candidato de izquierda hace su cuarto
intento de acceder a la presidencia por la vía
electoral. Todo indica que Luiz Ignacio Lula da Silva
está muy cerca de lograr su objetivo. Las últimas
encuestas indican que podría inclusive ganar la elección
en la primera vuelta.
Sus posibilidades se han visto acrecentadas por una
serie de factores. La frustración del pueblo brasileño,
la división de las fuerzas conservadoras, el arraigo del
Partido de los Trabajadores, el buen desempeño de este
partido en la administración local, un programa y una
política de alianzas adecuados y una campaña electoral
bien llevada acercan a Lula al palacio de Planalto.
Brasil es la novena economía del mundo, pero su sociedad
se caracteriza por profundas desigualdades.
Recientemente la liberalización económica ha conllevado
la privatización de las empresas estatales de mejor
desempeño. La apertura indiscriminada del mercado
interno ha desplazado a millones de campesinos y
socavado la industria. Las medidas de desregulación han
propiciado la devastación de la selva amazónica. El
endeudamiento externo ha crecido en proporciones
inéditas. No obstante, la tasa de crecimiento en los
años 90 fue la más baja del siglo XX y el ingreso per
cápita ha disminuido en cinco de los últimos seis años.
En 1995 Brasil gastaba el 20.3% de sus ingresos fiscales
en educación, reduciéndose este porcentaje a un 8.9% en
el 2000. En 1995 el país destinaba el 24.9% de sus
recaudaciones al pago de la deuda pública; esta
proporción aumentó a un 55.1% en el 2000. El 2002 ha
sido el año del desplome financiero del modelo económico
brasileño. Un préstamo del FMI de 30 mil millones de
dólares ha contenido momentáneamente la crisis. El real
se ha devaluado en más de un 40% desde enero. Se
pronostica un crecimiento entre 0 y 1 por ciento para el
2002.
En medio de la frustración creciente de la población,
los partidos que han gobernado Brasil la última década
acusan profundas divisiones. A las diferencias en el
campo conservador se opone la unidad del Partido de los
Trabajadores, el cual debe su fortaleza, en gran medida,
a su condición de partido democrático de izquierda. Lo
que comenzó en 1981 como una conjugación de dirigentes
sindicales, intelectuales progresistas, activistas
sociales, líderes religiosos y de movimientos sociales y
populares se ha convertido en el partido político más
grande y mejor organizado del continente.
Este partido, que representa una nueva izquierda
democrática y no dogmática, ha jugado un papel decisivo
en la democratización del Brasil. A través del Foro de
Sao Paulo y de su respaldo al Foro Social Mundial ha
contribuido también a la articulación de los partidos y
fuerzas sociales progresistas de América Latina y del
mundo. Por otro lado, el PT ha ofrecido sobradas pruebas
de eficiencia a nivel de los gobiernos locales. En la
actualidad dirige alrededor de 50 millones de brasileños
al administrar de manera dinámica cinco estados de la
federación, siete capitales estaduales y gran parte de
las ciudades de más de 200 mil habitantes, aplicando
políticas de amplio contenido democrático como los
presupuestos participativos.
El programa de Lula es ambicioso y realista. En su
“Carta al Pueblo Brasileño” plantea la necesidad de “una
transición lúcida”, argumentando que “lo que se hizo o
se dejó de hacer en ocho años no se puede compensar en
ocho días”. El nuevo modelo “será el fruto de una amplia
negociación nacional, que debe conducir a una auténtica
alianza por el país, a un nuevo contrato social, capaz
de asegurar el crecimiento con estabilidad”.
En el centro de su programa de gobierno está lo social:
enfrentar la miseria y el hambre que afectan a más de 50
millones de brasileños, a fin de convertirlos en
verdaderos ciudadanos. Para ello es necesario impulsar
el crecimiento de la economía y del empleo, asegurar la
redistribución del ingreso, mantener la estabilidad
macroeconómica y controlar la inflación.
Para Lula todo esto significa retomar un proyecto de
nación: el Brasil necesita un presidente de la República
con el suficiente liderazgo político y capacidad de
negociación para lograr el nuevo contrato social
propuesto. A su juicio, las alianzas políticas son
fundamentales, invitando a todas las fuerzas opuestas a
las políticas neoliberales a establecer un gran pacto.
La campaña petista es moderna. Rechaza las denuncias sin
fundamento, está basada en propuestas y tiene como
propósito elevar la conciencia política del pueblo
brasileño. El esperado triunfo de Lula significaría un
cambio histórico, con hondas repercusiones en toda
América Latina y en la geopolítica mundial.
MAX PUIG
JUNTO AL PRESIDENTE
DOMINICANO DR. LEONEL FERNÁNDEZ REYNA
Discurso de Max Puig, presidente de la
Alianza por la Democracia (APD), en la clausura del
congreso de esa organización política "Un abrazo por
la democracia", el 8 de junio de 2003, en Santo
Domingo.
Con el acto público
que estamos realizando la Alianza por la Democracia
concluye su Congreso. Se cierra un proceso de
elaboración y discusión, de construcción y desarrollo,
que le ha permitido a los y las integrantes de la APD
hacer un balance del camino recorrido, revisar
críticamente sus postulados, líneas estratégicas y
modelo de organización, así como renovar las estructuras
de dirección de la organización.
Las conclusiones a las que hemos llegado en el Congreso
APD 2002/03 son claras y precisas. Somos una alianza del
pueblo dominicano a partir de determinados valores y
principios. Una alianza de gente que quiere entender su
pasado, ver con claridad su presente y entrar al futuro
con determinación y confianza. Una alianza de
dominicanos y dominicanas que quieren ayudar a cambiar
el país. Una alianza coherente, donde no hay
contradicción entre lo que se hace y lo que se dice,
entre lo que se predica y lo que se practica. Una
alianza responsable, que da la cara y marcha de frente,
independientemente de las dificultades que tenga por
delante. Una alianza que actúa con lealtad y cumple sus
compromisos. Una alianza que defiende y practica un
ejercicio ético de la política. Una alianza cuyos
representantes en las funciones públicas que les ha
tocado desempeñar, como es el caso de los regidores y
regidoras de la APD en la actualidad, son ejemplo de
probidad, decencia, capacidad y dedicación a la
colectividad.
Esa es la Alianza que ha salido fortalecida del Congreso
que acabamos de concluir. Considero que, por tal razón,
todos los delegados y delegadas al Congreso y, en
sentido general, todos los y las integrantes de la APD
debemos felicitarnos unos a otros por el trabajo que
hemos realizado durante estos últimos meses y que debe
contribuir a hacer de esta organización una fuerza
decisiva en el escenario político dominicano. Como forma
de felicitarnos, les pido a todos y a todas que nos
demos, nosotros mismos, un gran aplauso que se sienta
hasta en el Malecón.
En un debate abierto, libre y democrático, en el que ha
primado el mayor respeto por todos los y las
participantes, hemos discutido y aprobado una serie de
documentos de importancia. Hemos reafirmado nuestros
valores y principios fundamentales. Hemos definido
nuestra línea de articulación social, así como nuestra
línea política nacional e internacional. Hemos
establecido la línea de construcción partidaria que
orientará nuestras decisiones y hemos revisado y puesto
al día nuestros estatutos.
Elegimos también nuestra nueva Dirección Nacional, que
el Congreso APD 2002/03 me pidió encabezar. Agradezco el
honor, consciente de la responsabilidad colocada bajo
mis hombros. Pero debo confesar también la emoción que
me embarga a causa de algunas de las decisiones tomadas
por el Congreso. Se decidió, en efecto, designar como
presidente de honor de la APD al insigne ciudadano
Abelardo Vicioso, poeta sensible como el que más,
demócrata y patriota que ha pasado todas las pruebas. El
honor es para la Alianza que un hombre de las
condiciones cívicas y morales de don Abelardo acepte
presidirla honoríficamente.
El Congreso decidió igualmente la creación de una
vicepresidencia de la organización y designar para
ocuparla a doña Brunilda Soñé. Luchadora de toda una
vida, Brunilda Soñé se integró a la resistencia
antitrujillista desde su más temprana juventud
conociendo la cárcel y el exilio. Su esposo, José
Arismendy Patiño, ofrendó su vida en Constanza, como
parte de los expedicionarios de la Raza Inmortal.
Décadas después, las canas de doña Brunilda no le han
hecho decaer el espíritu. Nos sentimos reconfortados
teniendo a una mujer de su estirpe Brunilda a nuestro
lado.
Como parte de su renovación estructural la Alianza
decidió también la creación de una secretaría general,
recayendo esta responsabilidad en el doctor Carlos
Sánchez, hombre recto y capaz, médico salubrista
reconocido por su desempeño al frente de importantes e
innovadores proyectos sociales auspiciados por la
cooperación internacional. Con Carlos Sánchez se
fortalece la visión gerencial que debe caracterizar a
todo proyecto político moderno. Gracias, Carlos, por
acompañarnos. Pero les doy las gracias del mismo modo, y
felicito a la vez, a los nuevos integrantes de la
Dirección Nacional de la APD. Estoy seguro del buen
desempeño que van a tener, con el firme y decidido
respaldo de toda la membresía de la Alianza.
Ahora bien, lo importante no es solamente lo que hemos
hecho, sino cómo lo hemos hecho. El Congreso de la APD
no ha sido una simple reunión de dos días, sino un
proceso libre y democrático que se ha extendido durante
meses. Han participado en él, en todo el país, no sólo
los miembros de la Alianza sino también mucha otra gente
con sus opiniones, comentarios, mensajes y sugerencias.
Ha sido un congreso flexible y eficaz caracterizado, al
mismo tiempo, por la horizontalidad en el manejo de las
informaciones. Ha sido un espacio de diálogo y reflexión
sobre los principales retos que se le plantean a la
República Dominicana en el inicio del siglo XXI.
Algunos se preguntarán, ¿por qué, en medio de una
situación de tantos apremios y dificultades, la gente de
la Alianza por la Democracia ha dedicado gran parte de
su tiempo y de su esfuerzo a analizar la realidad y a
sacar conclusiones acerca de cómo encarar sus desafíos?
Precisamente porque esos desafíos son de talla. En medio
de una marcha dificultosa, hay que conocer lo mejor
posible el terreno para poder determinar con acierto el
camino a tomar. En una obra literaria muy conocida,
"Alicia en el país de las maravillas", de Lewis Carroll,
uno de los personajes le pregunta a otro cuál es el
mejor camino. El interpelado respondió con otra
pregunta, inquiriéndole al primero adónde quería ir. "No
lo sé", fue la respuesta. "Entonces, le replica el
segundo, no importa, toma cualquier sendero. Da igual,
si no sabes adónde quieres llegar".
En la República Dominicana de hoy el camino está
oscurecido y lleno de obstáculos y en la Alianza por la
Democracia, para poder andar con paso seguro, estudiamos
la realidad y nos esforzamos por repensar el país con
una clara visión de futuro. El análisis nos permite ir
trazando la ruta y enfilar nuestros pasos en la
dirección correcta.
Esto es más necesario que nunca en tiempos de
irreflexión y desvaríos, en los que alguna gente
encumbrada pretende resolver su falta de ideas y
criterios con autoritarismos trasnochados. La crisis es
profunda y grave y no se resuelve con torpezas y
bravuconadas. Nunca antes como ahora fue tan necesaria
ser ponderados y equilibrados.
Los riesgos se sitúan tanto dentro como fuera de
nuestras fronteras. El mundo actual es un mundo de
tensiones e incertidumbres. El ordenamiento
internacional basado en reglas de derecho, en la
Organización de las Naciones Unidas y en la cooperación
multilateral surgido de la Segunda Guerra Mundial, fue
quebrado por la guerra desatada por Estados Unidos
contra Irak. En el mundo imperan la violencia, la
desigualdad, y la pobreza, así como la imposición y el
monopolio. La intolerancia y la exclusión siguen
predominando. Todo esto en medio de un panorama en el
que no se vislumbra la posibilidad de superar, en un
plazo relativamente corto, las perspectivas de recesión
en la economía global.
En el plano interno, la crisis ha asumido nuevos ribetes
durante las últimas semanas. El mal gobierno, con sus
políticas de endeudamiento descontrolado y de gasto
irresponsable para favorecer partidarios, unidos al
clientelismo y a la corrupción que les acompañan, han
arrastrado la economía al borde del precipicio. También
han conducido al destape de la profunda crisis moral que
corroe nuestra sociedad. El deterioro de las condiciones
materiales de vida de la mayor parte de la población,
unida a un manejo torpe, poco transparente y escasamente
institucional de la crisis relacionada con el caso
BANINTER, podría desembocar en una crisis
político-institucional de proporciones imprevistas.
No todo se ha dicho sobre el caso BANINTER. Quedan
muchos documentos y hechos fundamentales ocultos en la
sombra, escondidos por las propias autoridades. No
obstante, hay cuestiones que están fuera de toda
discusión. La primera de ellas es que el país se
encuentra en un atolladero. Todo indica que ha habido
mal manejo privado y mal manejo público en el caso de la
sonada quiebra bancaria. Las autoridades no cumplieron
con su cometido, sobretodo a partir de septiembre
pasado, propiciando salidas al caso no contempladas por
la ley. Respuestas oficiales tardías y vacilantes,
sumadas a declaraciones y medidas inadecuadas hicieron
el resto.
Frente a esta situación, ¿cuál es la respuesta del
gobierno? Según el gobernador del Banco Central, además
de vender los activos de BANINTER, habrá que hacer una
reforma fiscal, traspasar activos del Estado y lograr
empréstitos externos a largo plazo, a diez o quince
años. ¿Qué significan, en buen cristiano, las palabras
del gobernador? Que se pretende obligar a toda la
sociedad a pagar los platos que otros rompieron. Que el
Estado se verá obligado a reducir aún más su limitado e
ineficiente gasto social. Que se crearán más impuestos y
se elevarán los existentes. Que el Estado dominicano
será despojado de parte de su patrimonio. Y que se
endeudará al país hasta las calendas griegas. Se
pretende, en definitiva, que el pueblo tape un hoyo
financiero que él no ayudó a cavar. Las medidas que está
contemplando el gobierno se sumarían a lo que ya estamos
sufriendo: al descalabro del peso, al estancamiento de
muchos sectores productivos y a la quiebra en cadena de
muchos establecimientos industriales y comerciales; todo
esto además de una inflación que golpea sin piedad a
toda la sociedad, pero de manera particular al pueblo
pobre.
El presidente de la República cree que resolverá los
problemas del país y logrará apoyo para sus pretensiones
políticas poniéndose de rodillas ante Washington. Pero
está equivocado. No es cierto que el gobierno de Estados
Unidos esté dispuesto a conceder ventajas y a ofrecer
soluciones gratuitas. Los recursos que pudieran ser
puestos a disposición de la República Dominicana en las
circunstancias actuales estarían condicionados por
estrictas medidas de control de parte de los grandes
organismos financieros internacionales. No es verdad
tampoco que el problema se resolvería con la
dolarización de la economía dominicana. Aparte de lo
costosa e impráctica que resultaría esa opción en las
condiciones actuales, ella representaría una pérdida de
soberanía. Dicho de otro modo, conduciría a la anexión
económica de la República Dominicana a Estados Unidos.
Pero lo más grave de todo no es el infortunio económico,
sino la descomposición moral. Un desfile de funcionarios
gubernamentales, algunos de ellos truculentos, han sido
los protagonistas de una interminable serie de fraudes y
escándalos, con ribetes a veces grotescos. Diputados
traficantes de inmigrantes ilegales; ventas irregulares
y a precio vil de bienes públicos; fraudes en programas
de compensación social; aviones confiscados cargados de
estupefacientes; tarjetas de crédito milagrosas;
préstamos aventureros obtenidos a través de
intermediarios de dudosa reputación y escasa solvencia;
concesiones irregulares de obras públicas; compras de
guaguas a sobreprecio; funcionarios públicos con
prontuarios judiciales bien cargados; altos funcionarios
al servicio de intereses privados; asistentes
presidenciales muertos en ajustes de cuentas. Ha habido
de todo. Sin embargo, con el último escándalo sale a
flote lo que se sospechaba: que las complicidades se
extienden mucho más allá de lo que se pensaba y que todo
se sigue resolviendo al margen de la ley y con métodos
reprobables.
La crisis ética le hace tanto o más daño a la sociedad
que la crisis económica. Cuando la podredumbre corroe
por dentro un edificio, este puede desplomarse el día
menos pensado. Con todas sus consecuencias. No solamente
se devalúa el peso. La palabra también pierde valor. La
de muchos dirigentes políticos se sigue devaluando de
manera acelerada. De ahí la crisis de confianza. A
propósito de la palabra del presidente de la República,
su reiterada promesa incumplida de no repostularse para
la función que ocupa, no es un caso aislado. La
generalidad de los acuerdos asumidos por el ciudadano
presidente como parte de los diálogos de alto nivel en
que ha participado se han perdido en el baúl de los
recuerdos. El último en data es el Pacto por la
Estabilidad y el Crecimiento Económico, suscrito por el
gobierno con el empresariado en diciembre pasado. Según
uno de los puntos más importantes de dicho pacto el
gobierno se comprometió a someterse a una disciplina
fiscal, restringiendo sus gastos. Sin embargo, de nada
valió. En el primer trimestre de este año el gobierno
volvió a incrementar el gasto corriente, como lo había
venido haciendo desde el inicio de su gestión. No
obstante, las posibilidades que ofrece el diálogo no
deben ser nunca dejadas de lado. Por más incumplidor que
sea un gobierno hay que seguirlo invitando a sentarse a
la mesa de conversaciones, pedirle que explique sus
planes, que rectifique sus políticas inadecuadas y honre
sus compromisos.
El resultado de este desastre es que en la República
Dominicana de nuestros días se habla por doquier, en
todos los niveles sociales de angustia, incertidumbre,
pesadumbre, desasosiego, desesperanza y desmoralización.
No es para menos. Lo acontecido es para que decaigan los
ánimos de los más sólidos y resistentes. Para colmo, en
medio de este panorama el presidente de la República se
empeña en imponerle su reelección a su partido primero,
al resto de la sociedad después.
En realidad, más que servir a un proyecto nacional, a
los actuales gobernantes lo que les preocupa es su
agenda electoral. Usan los recursos del Estado con la
pretensión de seguir detentando su control. De hecho, el
presidente Mejía y su equipo de colaboradores más
cercanos del Proyecto Presidencial Hipólito (PPH), han
venido laborando para quedarse en el Palacio Nacional
desde el mismo día que llegaron a él el 16 de agosto de
2000. Nadie debería sorprenderse, entonces, por los
métodos que utilicen para cumplir con su objetivo.
Lo que se anuncia es lo que ha sucedido siempre en la
República Dominicana y en los países de escaso
desarrollo institucional: el uso ilícito de la fuerza y
los recursos económicos que otorga el control del Estado
a quienes lo detentan para aplastar a los demás en un
franco ejercicio antidemocrático. Se conoce la receta,
porque se la ha venido aplicando de manera sistemática:
compra de legisladores para reformar la Constitución,
intervención en los asuntos internos de otros partidos,
coacción política y económica a los propios partidarios,
madera y cemento para los más pobres, uso político del
aparato judicial, maniobras en el conteo electoral y
decisiones antojadizas de parte de la JCE.
A pesar de todo esto, no se piense que todo el panorama
es desolador y que nos abate el pesimismo. No es cierto
que el país esté perdido. Tampoco es verdad que todos
estamos marcados por el deterioro ético y moral. En la
Alianza por la Democracia proclamamos, defendemos y
practicamos un ejercicio político limpio y decente. Si
hay quienes tienen sus cuentas muy claras en este país
somos nosotros. Podemos decirlo en voz alta y a la luz
del sol. No hemos tocado un peso mal habido y somos
gente de honor y de responsabilidad. A pesar del
ambiente que nos rodea, vemos el futuro con optimismo
armados de los valores y principios que hemos asumido y
que nos dan la fuerza y la solidez necesarias para
avanzar en la política y en la vida de todos los días.
Estamos convencidos de que a pesar de las debilidades y
amenazas que afectan al país, la República Dominicana
tiene fortalezas y oportunidades que le permiten salir
airosa del grave momento por el que atraviesa. Pero para
eso tenemos que trabajar. Sentirnos seguros de nosotros
mismos. Elevar nuestra autoestima y convencernos de que
podremos salir adelante en base a nuestro propio
esfuerzo. En la Alianza por la Democracia tenemos una
visión de futuro, creemos que el pueblo dominicano
merece un mejor destino y que podrá alcanzarlo por sí
mismo.
La sociedad dominicana está llamada a desterrar los
viejos hábitos políticos que, durante décadas, han
estado instalados en el clientelismo y en un populismo
de corto vuelo más atento a los intereses de grupos
minoritarios que a los intereses populares.
Creemos en el pluralismo. En la igualdad en la
diversidad. Defendemos el respeto a las diferencias.
Consideramos que una democracia no se construye sin
ciudadanos y por eso nos oponemos a todas las medidas
destinadas a cercenar las libertades públicas y los
derechos democráticos.
Para la Alianza por la Democracia la ética y la
transparencia son banderas de construcción política
porque responden a valores profundos que compartimos. La
APD enarbola y practica la honestidad. Levanta la
responsabilidad frente a la generalización de la falta
de respeto a los compromisos y la palabra empeñada, por
la cual lamentablemente muchos dirigentes políticos
sienten desprecio y burla. La APD procura la
participación y la eficiencia y practica el diálogo y la
tolerancia.
La APD reafirma su compromiso ético de lograr una
sociedad más justa y más solidaria. No es ético seguir
pidiéndole a las mayorías que sufren los rigores de la
pobreza que aguanten más y más, mientras campea la
corrupción y el enriquecimiento acelerado de unos
cuantos.
Habiendo llegado a este punto de mi exposición quiero
detenerme y ofrecer una explicación. Al llegar a este
salón muchos de ustedes se habrán preguntado el por qué
de la decoración, basada en espejos, y por qué
recibieron todos y todas un pequeño espejo de recuerdo
de este acto. Carlos Fuentes escribió que "la sociedad
no puede engañarse a sí misma cuando se mira en el
espejo de la verdad". Eso queremos, que nos miremos en
el espejo de nuestras propias vidas y en el de la
sociedad en que nos ha tocado vivir.
Que seamos sinceros y nos examinemos con atención. Y si
el espejo parece empañado, limpiémoslo con esmero.
Hagamos, entonces, un examen de conciencia sobre lo que
somos, lo que hacemos y lo que pretendemos. Se lo
pedimos a todos y a todas. Por regla general, queremos
proyectar nuestra mejor imagen. Ojala podamos proyectar
siempre una imagen real, que proyecte lo mejor de
nosotros mismos. Para ello, tratemos sencillamente de
ser mejores. Cuanto mejores seamos, mejor será la
proyección. "La Alianza soy yo", dice el anuncio que
preside esta reunión. La Alianza quiere ser un espejo
que refleje la sociedad dominicana, proyectando una
imagen de apertura, transparencia y optimismo. Estoy
seguro de que lo lograremos, en función de nuestro
aporte y nuestra dedicación.
El Congreso APD 2002/03 determinó que, para lograr sus
objetivos, la Alianza por la Democracia desarrollará una
línea política basada en tres ejes fundamentales, a ser
cumplidos de manera concomitante: 1) Impulsar una
política de acumulación de fuerzas que le permita
consolidarse en términos cualitativos, cuantitativos y
de influencia social, creando las condiciones para
nuevos y decisivos pasos orientados hacia la
transformación de la sociedad; 2) Impulsar una alianza o
frente político-social progresista, y 3) Impulsar, al
mismo tiempo, la articulación de una alianza amplia,
fundada en la defensa del interés nacional y la
democracia.
Hoy día, significativos sectores y grupos sociales son
favorables a una política de transformaciones económicas
y sociales, pero no han podido expresarse de manera
coherente en términos políticos ni influir de manera
decisiva en el devenir de la nación. La APD propiciará
la articulación de estas fuerzas políticas y sociales en
una alianza, coalición o frente o polo (poco importa
cómo se le llame), en torno a un programa de
transformaciones económicas, sociales y políticas de
carácter progresista, que resuma las aspiraciones de
cambio social latentes en la sociedad dominicana.
Para la APD esta alianza o frente debe tener un carácter
progresista, flexible, participativo y horizontal y debe
constituirse de manera paulatina, sin precipitaciones
innecesarias, y con el mayor respeto a todos y cada uno
de sus participantes.
Consideramos que en el programa de esta coalición deben
ocupar un lugar destacado las transformaciones
económicas, tarea compleja si se toma en cuenta que la
economía nacional depende cada vez más de factores
externos. En todo caso, los cambios en la economía
imponen una inversión de las prioridades públicas: el
empleo, mejores salarios, la seguridad social, la
educación, la salud, la educación, la vivienda, el
transporte, la cultura, los deportes y el sano
entretenimiento, deben ser las prioridades de la nueva
política económica. Para lograr este propósito será
necesario impulsar un ambicioso proceso de desarrollo,
cuyas condiciones de financiamiento deben ser definidas
con precisión.
La APD considera también que en un programa progresista
debe ocupar un lugar preeminente la ejecución de un
amplio programa de educación que garantice la
erradicación del analfabetismo, el acceso de todos los
niños a la escuela y que, además de preparar fuerza de
trabajo calificada, concentre sus esfuerzos en la
construcción de ciudadanía.
La reforma tributaria debe exonerar la producción,
eliminar los mecanismos de evasión fiscal, pero sobre
todo servir como instrumento para la redistribución del
ingreso y la riqueza. El conjunto de la economía debe
ser estimulado a través de un sistema de crédito
adecuado, que beneficie de manera particular a la
pequeña y mediana empresa; también por medio de una
política de redistribución del ingreso dirigida
especialmente al sector rural, así como por una política
industrial adecuada a las características y necesidades
nacionales. El financiamiento del desarrollo exige una
reforma del sistema financiero que deberá dirigirse de
manera decisiva hacia el fomento de la producción. En
pocas palabras, se debe estimular el crecimiento de la
economía y la competitividad internacional de la
República Dominicana.
La inversión extranjera debe ser asociada con el sector
privado nacional a fin de estimular el sector productivo
nacional, incrementar las innovaciones tecnológicas y,
sobre todo, fortalecer las exportaciones. El respeto al
medio ambiente debe estar en el centro del modelo de
crecimiento que propiciemos.
Para la APD la construcción de la democracia política
corre pareja con la profundización de la democracia
económica y social. El desarrollo de la
institucionalidad democrática en la República Dominicana
tiene, para nosotros, tres prioridades básicas: 1)
asegurar garantías más completas y efectivas al
ejercicio de los derechos humanos y ciudadanos; 2) la
reforma de las instituciones, siendo su principal
instrumento una reforma constitucional democrática
realizada por la vía de una asamblea constituyente
elegida mediante el voto directo, y 3) lograr el control
democrático del Estado por la sociedad, mediante la
extensión de la participación, los presupuestos
participativos y la democratización de las políticas
públicas.
La APD considera que para llevar adelante el proceso de
reformas económicas y sociales se requiere un Estado
fuerte, democrático y descentralizado. Compete a un
Estado democrático aplicar políticas transparentes y
socialmente controladas de estímulo a sectores
económicos, siempre y cuando se respeten el interés
nacional, el medio ambiente, los empleos y los ingresos
de los trabajadores.
La formulación de un programa político, máxime si se
trata de un programa de cambios sociales, es un proceso
en el que intervienen al mismo tiempo una elaboración
intelectual y una construcción social. Por tal razón, la
APD propicia una elaboración plural, flexible, tolerante
y paciente con las fuerzas sociales y políticas
motivadas por la construcción de una economía más justa,
sustentable y solidaria, la construcción de ciudadanía,
la creación de nuevos derechos, el fortalecimiento de la
sociedad civil, el mejoramiento de las condiciones de
vida de la población y la consolidación del rol de la
República Dominicana en el ámbito internacional.
Mientras propiciamos la construcción de ese polo,
coalición, alianza o frente progresista, no perdemos de
vista que el gobierno de Hipólito Mejía le está haciendo
mucho daño a la República Dominicana y a su gente con
las políticas que aplica. El endeudamiento creciente
hipoteca el futuro de la nación, pero el presente de los
dominicanos también se ve afectado con la inflación, las
pérdidas de empleo y el deterioro del nivel de vida en
sentido general.
Con la pretensión de Hipólito Mejía quedarse en el
gobierno por la vía de la reelección, se anuncia un
mayor deterioro del que ya está viviendo el país. Pero
también se vislumbran serias amenazas para las
libertades públicas y los derechos democráticos,
considerando que la facción en el poder hará todo cuanto
esté a su alcance para permanecer en él.
Para hacerle frente a estos retos se requerirá de los
mayores sacrificios y desprendimientos de todos los
sectores y grupos sociales. En su momento, las
circunstancias podrían demandar la constitución de una
coalición o alianza extensa que tenga como objetivo
principal enfrentar un continuismo que puede terminar
arruinando y entregando la economía nacional. Tendría
como objetivo, igualmente, la preservación de las
libertades públicas y los derechos democráticos.
El desarrollo de un verdadero Estado de Derecho, la
adopción de medidas económicas básicas en defensa del
interés nacional, así como la adopción de medidas
sociales destinadas a preservar y mejorar los niveles de
vida de la población, y en especial los de los sectores
menos favorecidos, serían los puntos básicos sobre los
que podría asentarse esa alianza o coalición política de
amplio espectro.
El programa mínimo en que sustentaría un acuerdo
político de estas características tendría tres
vertientes: nacional, social y democrática. Para la APD
estas tres dimensiones están necesariamente conectadas:
de ahí la importancia de articular la lucha
democrático-institucional con la lucha social y la
defensa del interés nacional.
Sin embargo, es temprano todavía para adelantar
decisiones. La evolución de la coyuntura política en los
próximos meses determinará las posiciones tácticas
concretas que habrá de asumir la APD en el proceso
electoral de mayo de 2004.
El Congreso APD 2002/03 determinó que la nueva Dirección
Nacional de la Alianza deberá convocar, en breve plazo,
una Conferencia Nacional Electoral de la APD, con el
encargo de estudiar en detalle las condiciones en que
tenderán a desarrollarse los comicios del año próximo a
definir una política electoral y de alianzas.
Para poder aplicar la línea política nacional e
internacional establecida en el presente documento los
integrantes de la APD estamos obligados a desarrollar
una política de brazos abiertos, invitando a compartir
nuestra tarea colectiva a todos los dominicanos
sensibles y de buena voluntad.
Para abrir nuestros brazos debemos abrir primero
nuestras mentes y nuestros corazones. La construcción de
la nueva República Dominicana no puede ser, bajo ningún
concepto, tarea de unos pocos. Tampoco podemos dejarla
para mañana.
Esa construcción debe ser el resultado del compromiso y
la esperanza del mayor número de dominicanos y
dominicanas. Sólo así podremos hacer realidad el sueño
de vivir en una sociedad fundada en los valores de la
justicia, la equidad, la solidaridad, la democracia y la
libertad.
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| MAX PUIG |
Sociólogo de profesión, Maximiliano Puig
Miller ha sido senador de la República
por la Provincia de Puerto Plata, ex
secretario de Estado y Ordenador de Lomé
IV.
Catedrático de larga trayectoria, es
fundador del Centro de Investigación y
Promoción Social (CIPROS).
Puig es presidente del Partido Alianza
por la Democracia (APD), uno de los
partidos que apoyó la candidatura del
partido de gobierno.
SANTO DOMINGO. La República Dominicana
ha perdido una proporción considerable
de sus manglares costeros, y sus
arrecifes están llenos de sedimentos
procedente de las tierras interiores
desforestadas.
Así lo informó el secretario de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, Max Puig,
quien destacó que los arrecifes de
corales del país están amenazados
también por la polución orgánica, el
petróleo y otros residuos industriales.
Dijo que en ese sentido la situación es
crítica para la República Dominicana,
por lo cual se establecerán medidas
tendentes a preservar lo poco que queda.
Señaló que la Ley 202-04 deja abierta la
posibilidad de que sean afectadas las
últimas grandes barreras coralinas en el
país, particularmente las de la región
Este. ‘‘Las autoridades tenemos la
responsabilidad de que no pase con esas
últimas barreras lo que ha pasado con
las demás”, dijo.
Detalló que tiene conocimiento de que en
algunas zonas del país algunos
inversionistas poco prudentes, han hecho
saltar barreras coralinas enteras con
dinamita, con lo cual han terminado de
destruir las playas de sus propios
hoteles.
Destrucción
‘‘No se han dado cuenta de que con su
acción están afilando cuchillo para sus
gargantas, y nosotros contamos con un
equipo de científicos y técnicos para
señalar justamente qué se debe y qué no
se debe hacer”, declaró. Agregó que cada
vez que se destruye un arrecife
coralino, en esa misma medida se
dilapidan las riquezas de la República
Dominicana. Max Puig leyó un breve
informe en el que asegura que las
condiciones que hacen posible la vida en
el mar están siendo destruidas. Dijo que
aunque existen técnicas para la
reconstrucción de esos recursos, cuestan
al Estado una alta suma de dinero.
‘‘Esto toma tiempo y aún dando los pasos
de lugar, no se obtienen los mismos
resultados, porque no es posible
reconstruir en poco tiempo lo que a la
naturaleza le ha costado siglos”, dijo.
El funcionario emitió sus declaraciones
en un seminario taller que contó con la
presencia del subdirector de la JICA,
Norio Yonezaki.
La subsecretaria de recursos costeros y
marinos, Ydalia Acevedo, destacó que el
seminario fue dirigido al personal
técnico, con el objetivo de adiestrarlos
en el manejo de datos pesqueros y
estadísticos.
Max Puig dijo que Japón siempre le ha
prestado al país una cooperación
rigurosa y eficiente y en el área de los
recursos pesqueros y la técnica de pesca
ha sido vital su cooperación.
Agregó que las actividades de la
Secretaría están orientadas hacia la
preservación, porque la destrucción de
las barreras coralinas no solo destruye
las playas, sino las posibilidades de
que mantenga la pesca, dado a que limita
la población de peces.
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